Se resiste UBER a registrarse en SLP

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Los operativos de decomiso de unidades de la empresa Uber que desde hace algunos días inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, han ocasionado que algunos choferes de esta plataforma opten por dejar de prestar el servicio, en tanto la empresa no resuelva los conflictos de cumplimiento de la ley que existen en la entidad.

 

El artículo 132 de la Ley de Transporte Público en San Luis Potosí marca que los vehículos que presente el servicio de transporte público sin tener una concesión o permiso para ello, se harán acreedores a multas de entre 300 y 500 unidades de medida y actualización, lo que representa montos de entre 22 mil 600 y 37 mil 750 pesos.

 

Uno de los voceros de los choferes de Uber, Eugenio Calvillo, mencionó que en una reunión que mantuvo la empresa con autoridades de Gobierno y los propios choferes de la plataforma, representantes de la compañía se comprometieron a registrar a cada uno de los operadores ante la SCT, sin embargo para que esto se dé, están negociando la posibilidad de volver a reformar la Ley de Transporte, en su artículo 71, con el fin de que se permita a la plataforma realizar cobros en efectivo.

 

El artículo 71 BIS de la Ley del Transporte en su segundo apartado señala que empresas como Uber deberán “suscribir con el Poder Ejecutivo del Estado un convenio para la constitución de un fondo público económico, al que deberá aportar un 1.5% del monto efectivamente cobrado por cada viaje”. 

 

De acuerdo a datos de choferes de Uber, en San Luis Potosí operan 3 mil unidades de esta empresa, cada una de las cuales genera ingresos promedio de 500 pesos diarios, si se toma en cuenta esta información se tiene que desde el 16 de abril de 2017, en que entró en vigor esta ley, a la fecha, la empresa ha generado ganancias por 450 millones de pesos por concepto de sus viajes, de los cuales 6 millones 750 mil pesos debieron haber sido destinados para el fondo público que marca la ley.